Según publica el diario económico Expansión, en el último Programa de Estabilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas, España se ha comprometido ante la UE a ahorrar 1,5 puntos del PIB entre 2011 y 2013 (esto es, cerca de 15.000 millones) a costa de los asalariados del sector público. La cuestión es clara: el Estado, los consistorios y las autonomías tendrán que ajustar en 4.000 millones el salario de los funcionarios mediante el mantenimiento de “un esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas”. Para ello, se contemplan medidas de congelación salarial e incluso de reducción del montante de las pagas extraordinarias.
Paradójicamente, al contrario de lo que se podría pensar, y con la que está cayendo, el sector público español no solo no ha “adelgazado”, sino que, desde que comenzó la crisis, ha seguido creando empleo a un ritmo del 8,7% (254.000 empleos, la mayoría de carácter indefinido), e incluso, en alguna Comunidad Autónoma, a un ritmo superior al de destrucción de empleo en el sector privado. Lideran la lista de creación de empleo público Baleares (26,8%), Murcia (20,3%) y Cataluña (13,4%). Desde el comienzo de la crisis, en el conjunto nacional se han destruido 2,3 millones de empleo neto. (datos extraídos del informe AGETT.
A la vista de esas cifras, nadie puede dudar de que a los empleados públicos les espera un progresivo empobrecimiento, y la pregunta es: ¿el objetivo que se persigue es un sector público con retribuciones tercermundistas? Parece claro que así es porque nuestros gobernantes son partidarios de más empleados y, por tanto, indefectiblemente, peor retribuidos. La utilización del sector público como contrapeso de la destrucción de empleo solo conduce a una disminución, si es que es aún posible, de su paupérrima productividad.
Cuando se habla del Estado del Bienestar a todos los representantes políticos y sindicales se les llena la boca de frases grandilocuentes sobre la necesidad de “dignificar el servicio público”, pero cuando se trata de hablar de condiciones laborales, es más saludable hablar de contención del gasto público, de consolidación del empleo temporal, en fin, de reducir las diferencias retributivas (achatar la pirámide retributiva).
La realidad es muy terca, y por este camino, los servidores públicos serán cada día más y peor retribuidos. No parece que ese sea el camino para fortalecer el servicio público. Antes al contrario, pienso que lo que se requiere es un sector público más productivo, más eficiente. Para ello el único camino es dimensionarlo correctamente; con ello se podrá reducir el gasto público. La fórmula es: empleados públicos mejor retribuidos y retribuciones ajustadas a la productividad.
Fuente: web de Fernando Mora Bongera
