“Del 24 de marzo del 2010 al 12 de mayo del mismo año”
Esto lo escribí el 24 del mes de marzo pasado…
¿Tenemos los jubilados un Lobby? ¿Podríamos serlo? ¿Os imagináis si lo fuésemos?...
Empecemos definiendo el término “lobby”. Un Lobby es una institución o un grupo de personas que se unen con el propósito de hacerse oír, de influir en las decisiones de nuestro gobierno, ya sea a nivel nacional, autonómico o provincial, para que su opinión tenga un peso y un valor y para que las actuaciones políticas que afectan a ese grupo de personas se lleven a cabo teniéndoles en cuenta.
Existen Asociaciones como la “Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España” (UDP) que actúan en defensa de estos derechos que mejoran la calidad de vida de nosotros las personas mayores, pero no tienen poder suficiente ni siquiera la más grande de España (http://www.mayoresudp.org/congre-vi.php) como para ejercer toda la influencia necesaria para cumplir con las necesidades de este gran colectivo de la población.
Si se está “debatiendo” durante las últimas semanas temas como la “reforma de las pensiones” o el “retraso en la edad de la jubilación” incluso, como sabéis, se han realizado en las principales ciudades de nuestro País grandes manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios para rechazar el retraso en la edad de jubilación, al parecer la propuesta del gobierno… ¿cómo no se ha tenido en cuenta desde el principio a los “jubilados”? Los colectivos de jubilados existen y sus representaciones también, por ejemplo La UDP, CEOMA y el Consejo Estatal de Personas Mayores, pero por lo que vemos no tienen poder para “influir” en la exigencia de la salvaguarda de los derechos de los mayores. Y ya no pienso en la salvaguarda de los derechos “culturales” o en los sociales sino en cosas que afectan a la misma posibilidad de una vida digna como son las pensiones y lo que las afecta: la supresión de la deducción de los 400€, la revalorización de la pensión en un escaso 1%, el aumento de la retención fiscal al 12% de muchísimas pensiones, la subida de los gastos más importantes del mes como son la electricidad y el gas, y por supuesto la cesta de la compra… por no hablar de las “cargas añadidas” como son los nietos e incluso últimamente los “hijos” que nos llegan con “la hipoteca bajo el brazo”... o los problemas derivados de esta situación.
Y, como en casi todas las cuestiones importantes en nuestro País, se dicen y hacen las cosas de golpe, sin previsión, a golpe de titulares de prensa y de telediarios, consiguiendo así a golpe de amedrentamiento, la sumisión de los colectivos afectados; nos tienen "asustados". Esto no puede ser así en la forma de gobierno que nos hemos dado, la democracia. El planteamiento del problema de la financiación de las pensiones basado en la cotización de los trabajadores en activo ya tiene desde hace tres décadas su tiempo de reflexión. Quiero decir que el problema es conocido, pero la voluntad política para resolverlo con eficacia, nula. Se sigue bajo el paraguas de “moralina” del “pacto para el acuerdo” dando soluciones o más bien “resoluciones” cuando no “decretazos”, improvisadas, al “bote pronto”, como la propuesta de alargar la edad de jubilación a los 67 años sin otra razón que la de que si los 35 años de cotización no dan para el aumento de la población mayor del futuro, pues ampliemos a 40 años y resuelto… todo menos informar a los ciudadanos de las cuestiones que constituyen el problema del sistema actual de pensiones (sistema de cotizaciones, fondos de reserva, derechos adquiridos, seguro de pensiones, y otras muchas cuestiones de las que soy ignorante…) pero sobre todo dar pie a la PARTICIPACIÓN de los ciudadanos, que para eso están organizados en asociaciones que velan por si mismas sus derechos y obligaciones.
Hace ya tiempo que “todos” nos hemos dado cuenta que la democracia necesita del asociacionismo de los ciudadanos, y la propia administración cumple con su obligación de fomentar el asociacionismo. PERO otra vez nos encontramos con la trampa, NO se atiende a las asociaciones, no se les da “cancha” política. Aún no está (la UDP) en el foro adecuado (Pacto de Toledo) para hablar de pensiones. ¿Qué hace falta para que se reconozca la utilidad de esa presencia en ese foro?
De todo sobre lo que hay que hablar tenemos mucho que decir en este caso los mayores, los jubilados y por tanto los pensionistas. Tendríamos que hablar y buscar acuerdos sobre: la heterogeneidad de los sistemas de pensiones en cada uno de los países de la Unión Europea, la ausencia de una legislación comunitaria y de un marco estadístico armonizado, la comparación entre el salario de retiro o pensión de jubilación que perciben los jubilados de los estados miembros. Exigiríamos a la administración que realizase estudios comparativos que ayudasen a esclarecer el problema; a saber, edad, sexo, estado civil, años de cotización, porcentaje sobre el sueldo bruto anual, niveles de protección social, planes complementarios, coste de la vida etc. Nosotros desde la Asociación de Amigos de la Nau Gran, como personas mayores y con voluntad de seguir formando parte “activa “de la sociedad y por tanto con voluntad de integración social, también queremos manifestar nuestra opinión política y participar con ello en nuestro ámbito ciudadano.
Por fin parece que algo empieza a cambiar, lo comento como algo que como jubilado me parece de sumo interés… el pasado martes 16 de febrero acudieron los presidentes de CEOMA D. Luis Méler y D. Luis Martín Pindado de La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España a la comparecencia ante la Comisión no permanente del pacto de Toledo para informar sobre la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que contempla alargar la edad de jubilación a los 67 años, en el Congreso de los Diputados de España ( podéis ver la intervención en: http://www.mayoresudp.org/noticia.php ). Y esto es lo que parece más interesante, dijeron cosas importantes a los comisionados, cosas que no oímos en los telediarios ni en los periódicos y que demuestran que los Mayores europeos y españoles debemos PARTICIPAR a través de nuestros representantes en las instituciones. (Los mayores, por el hecho de serlo ya estamos representados en ellas) con capacidad de resolución efectiva de los problemas.
En síntesis se dijo: (tomado de Diario Social Digital de Europa Press. www.epsocial.es)
Estamos en contra de aumentar la edad de jubilación y ampliar el período de cálculo de las pensiones.
Desde CEOMA, Méler exigió la eliminación de la edad “obligatoria” de la jubilación a los 65 años porque “supone un retroceso en los derechos del trabajador” y pidió la “derogación” de la norma del Estatuto del Trabajador que regula la edad legal de jubilarse. Abogó por una jubilación “voluntaria y flexible”, al tiempo que alertó de que aumentar el período de cálculo de cotización para cobrar la pensión supone “superar el umbral de la pobreza para los futuros pensionistas”.
Luis Martín, Presidente de UDP aseguró que “no es aceptable” prorrogar a los 67 años la edad de la jubilación ya que “antes deberían desincentivarse las prejubilaciones masivas que van a cargo del sistema de la Seguridad Social”. Luis Martín expuso la conveniencia de que los trabajadores en activo se preparen “financieramente” para afrontar su jubilación y dijo que el Gobierno “debería promover una pedagogía de previsión”.
Aseguró que las “reformas más importantes están pendientes” y aludió a la necesidad de implementar fórmulas “justas” entre el esfuerzo contributivo que realiza un trabajador y las prestaciones que recibe, al computarse sólo los últimos años de su vida laboral.
Al respecto, dijo que ampliar el período de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años significaría una “merma” en las pensiones y exigió que los jubilados sean informados “de manera veraz”, “sin alarmas”, porque “la subsistencia de los jubilados depende de las pensiones y con las cosas de comer no se juega”.
En este sentido, el presidente de CEOMA recordó que “muchos de los jubilados que cobran la pensión mínima sobreviven con 400 euros al mes” y que un 28% de los mayores españoles “corren el riesgo de ser pobres”.
Luis Méler criticó que el Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012 “imponga” la jubilación “forzosa” a los 65 años cuando “muchos mayores desean seguir trabajando y es un derecho que contempla la Constitución y de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Abogó por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, por revisar la fiscalidad de los mayores, en especial el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y fomentar la vida activa, con planes de carrera específicos en las empresas y formación durante toda la vida laboral.
Sobre las prejubilaciones pidió “suprimir” los incentivos que animan a que grandes empresas con beneficios acometan ERES que “pagamos todos” con la cotización a la Seguridad Social y negó que la entrada de jóvenes al mercado laboral aumente la productividad del trabajo.
“No hay evidencia científica que demuestre la baja productividad de los mayores”, aseveró, tras indicar que “apartarlos de la vida laboral puede suponer una muerte social”.
CEOMA representa a más de 1 millón de mayores, integra a más de 40 organizaciones y 1.500 asociaciones, mientras que UDP integra a 2.000 asociaciones y 1,5 millones de personas y está presente en Francia, Suiza y Alemania.
Pues bien, hoy 12 de mayo, sólo dos meses después el gobierno con su propuesta de medidas contra la crisis económica me ha dejado anonadado. Me siento estafado, asaltado y con un sentimiento de indefensión enorme y por si fuera poco me siento en un País que no reconozco porque es el Reino de la incoherencia, la improvisación y de la injusticia. Los que sufrimos la “crisis”, el sector más débil de la sociedad, tenemos que pagar los excesos de los que la han generado y la de quienes la están gestionando.¡ Es el mundo al revés! ¿Cómo puede la Sra. Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, afirmar hace escasos días en Logroño que las medidas que adoptó el gobierno han contribuido a avanzar en el bienestar de las personas mayores por haber incrementado las pensiones mínimas en un 70% entre el 2004 y el 2009; la puesta en marcha y desarrollo de la Ley de Dependencia, y la implantación de medidas de prevención a través de medidas de envejecimiento activo de la política social; que el índice de pobreza entre las personas mayores de 65 años ha pasado del 16’9% al 13’7% en 2009 según el INE… Cómo asumimos esto comparándolo con los planes del gobierno desvelados hoy en el Congreso. Se me hace imposible ver coherencia y por tanto confianza en este improvisar medidas contradictorias con afirmaciones de los últimos dos años del Presidente del Gobierno.
Somos 7.782.904 personas mayores de 65 años … 57’5% de mujeres y 42’5% de hombres…como yo creo que ser mayor (coherente,sabio y experimentado) no depende de la edad…¿no deberíamos decir algo?
manolo marzal
